La solución a la crisis de los rellenos sanitarios es el tratamiento diferenciado de residuos húmedos y secos; que se utilice la mano de obra prexistente en cada lugar, agregando capacitación, infraestructura, logística y equipos técnicos, con participación de las organizaciones cartoneras. La financiación se logra con una ley nacional de gestión de envases, y no cobrando más impuestos.
Por Alicia Montoya responsable del equipo técnico de la cooperativa de cartoneros El Álamo.
En el año 2005 la Argentina, siguiendo la orientación del Banco Mundial, desarrolló su estrategia nacional para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (ENGIRSU). Allí se fijó como principios fundamentales: el cuidado de la salud pública y del medio ambiente; la reducción, reuso, reciclado y recompra de residuos y “…la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en forma sostenible, a través de la puesta en marcha de rellenos sanitarios apropiados y de la erradicación de los basurales a cielo abierto”. “Los últimos serán los primeros” dice una frase bíblica. Los objetivos enunciados al principio, solo oficiaban de decorado. El principal objetivo del BM era oficiar de prestamista para la adquisición de la tecnología para la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de rellenos sanitarios. Basta leer con atención el desarrollo del documento respecto a los rellenos sanitarios y el espacio dedicado a los planes de separación en origen, o al tipo de plantas de separación que se proponían y se descubrirá la mascarada para esconder un vil negocio. Las indicaciones técnicas se limitan a montar un galpón por relleno sanitario para mostrar que algo hicieron para reducir, reusar, reciclar. Tal como señalara una profesional de AIDIS y del CEAMSE en una presentación sobre el tema: “Ahora está de moda hablar de reciclado. Si yo hablo de instalar un relleno sanitario, seguro que todos van a salir corriendo porque nadie va a estar de acuerdo, pero si hablo de reciclado tengo buen marketing y es una oportunidad.” Más claro, imposible.
Hasta hace muy pocos años, la palabra reciclado, tal como lo decía la técnica de AIDIS, era solo una buena oportunidad de negocios para pocos, a costa del sacrificio de miles de hombres, mujeres y niños. Fueron esos trabajadores empobrecidos, desprovistos de todo derecho, los que revirtieron la idea de un “reciclado de marketing” por una Gestión Social de los Residuos Reciclables. Fue en la lucha callejera, en los cortes de puentes, en los enfrentamientos con vecinos fascistas que los rechazaban, contra la represión estatal y policial, donde se gestaron los gérmenes de una nueva perspectiva para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos.
Desde las plantas sociales arrancadas al CEAMSE por los trabajadores del relleno sanitario de José León Suárez, hasta la experiencia de gestión social con participación de cooperativas y el Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), abarcando las experiencias que se multiplican a lo ancho y largo del país, los trabajadores vienen marcando una tendencia que el Estado nacional y los estados provinciales y municipales deberían recoger, para componer una nueva matriz en la gestión integral de los residuos.
Es de reconocimiento científico que a un período de expansión económica se le corresponde un crecimiento en la generación de residuos. La curva, en el caso de Argentina, comenzó a elevarse velozmente en el 2003 y, a paso moderado, desde el 2008. Pero todavía hablamos de crecimiento.
Ha sido y es la participación activa de cartoneros, carreros, trabajadores de los basurales, y de todos aquellos organizados de una u otra forma, lo que ha colaborado en que la crisis de la basura que sacude a las principales ciudades del país, no haya terminado colapsando los lugares de disposición final. Ese trabajo silencioso, sin derechos, mal pagado, en muchos casos con los hijos a cuestas, ha demorado la catástrofe ambiental que hoy todos pronostican. Pero estamos en un punto de inflexión en materia de política ambiental: o avanzamos en la modificación de la ENGIRSU con una matriz social o la crisis ambiental quedará a merced de los grandes negociados, con lo que eso conlleva en materia de salud pública.
LOS TRABAJADORES FORMALES NO SON NUESTROS ENEMIGOS
Desde distintos sectores del poder vienen intentando enfrentar a los trabajadores cartoneros con los trabajadores de las empresas que realizan la recolección de residuos, o con los trabajadores municipales, o con los del CEAMSE. Esta es una trampa peligrosa que persigue un doble objetivo: bajar los costos de los servicios de higiene urbana por la vía de concesionar el servicio a cooperativas y debilitar las organizaciones sindicales. Ya existe un ejemplo importante del camino que no se debería recorrer. Los trabajadores de la empresa estatal de agua (AYSA) se rigen por el convenio colectivo de trabajo de su gremio, pero con la excusa de generar más puestos de trabajo y dotar de agua potable y cloacas a poblaciones humildes, el gobierno nacional impulsó el Programa Agua más trabajo. Bajo la contratación de cooperativas, se precarizó el trabajo que antes realizaban los trabajadores de la ex empresa estatal Obras Sanitarias. Necesitamos más trabajo en blanco, bajo las convenciones colectivas de trabajo, respetando derechos adquiridos por los trabajadores.
Cuando hablamos de una estrategia nacional de gestión integral de RSU, nos estamos refiriendo a comenzar por separar la gestión de residuos húmedos de los secos; a obligar a toda la población a separar residuos en origen; hacer efectiva la obligatoriedad que ya rige para los sectores comerciales e industriales; a montar plantas estatales que reciban el material que se recolecta, lo clasifique, lo acondicione y lo vuelva al ciclo industrial, a través de la comercialización en escala.
Aquí solo se trata de afinar la punta del lápiz de los organismos técnicos del Estado (INTI, Secretarías de Medio Ambiente, Universidades Nacionales) para definir una matriz de gestión social que prevea el tratamiento discriminado de residuos húmedos y secos; que utilice la mano de obra prexistente en cada lugar, agregando capacitación, infraestructura, logística y equipos técnicos regionales, con participación de las organizaciones cartoneras.
Sobre esta matriz, cada municipio y/o provincia agregará todos los servicios que considere necesarios para garantizar la prestación de un servicio público con separación en origen de los residuos sólidos urbanos. Para esta nueva Estrategia Nacional de Gestión Integral de residuos no sobran trabajadores, sino por el contrario, faltan: chóferes, clarkistas, operadores de máquinas, promotores ambientales, técnicos, etc. Solo se trata de direccionar recursos hacia una planificación social del tratamiento de los RSU.
Cualquier implementación de tecnología, debe estar subordinada a esta matriz. Para esto, se deben respetar los criterios que se orienten a preservar los puestos de trabajo prexistentes y a formalizar los informales, respetando la representación de los trabajadores de cada sector y los derechos laborales que marca la ley. Esta claro entonces, que no puede ni debe existir enfrentamiento entre trabajadores y/o organizaciones gremiales que los representan.
TRABAJO DIGNO SI SE RESPETA LA LEY
La crisis del 2001 obligó a miles de trabajadores a refugiarse en formas de organización laboral, que les permitieran sostener algún tipo de ingreso. Las cooperativas de trabajo no surgieron por elección de lo trabajadores, sino por necesidad. Fue la forma jurídica que encontraron para poder negociar con el Estado, reclamar recursos, etc.
Este hecho no nos debe hacer olvidar que los trabajadores cartoneros, de los basurales a cielo abierto, entre otros, son parte de la clase trabajadora y como tal, el Estado debe restituirles los derechos que les corresponden: derecho al salario; derecho a la seguridad social (asignaciones familiares, obra social, jubilación, vacaciones, licencias por enfermedad o maternidad, ART), derecho a contar con uniforme y elementos de seguridad e higiene para el trabajo, etc.
No debe admitirse que un sector de trabajadores esté privado de los derechos laborales mínimos que marca la ley. Las cooperativas de cartoneros y/o carreros; los trabajadores de los basurales, las plantas sociales del CEAMSE, no pueden autoproveerse de estos derechos. Es aquí donde el Estado aparece como árbitro obligado ante la injusticia manifiesta y debería orientarse a resolver en favor de los más débiles. De no ser así, todas las manifestaciones de reconocimiento de la dignidad del trabajador cartonero serían politiquería barata.
POR LA LEY DE GESTIÓN DE ENVASES
Existe un vacío legal en la Argentina actual, donde la gestión de residuos pesa sobre los municipios, siendo en algunos casos un presupuesto que supera el utilizado en salud o educación. La pregunta del millón es ¿de dónde saldría la plata para afrontar esta nueva matriz de gestión de RSU? La respuesta tiene nombre y apellido: Ley nacional de gestión de envases.
¿Qué es la ley de envase? Una ley que extiende la responsabilidad del productor hasta la disposición final del producto que generó. Si por cada envase (botella, cajón, caja, paquete, etc.) que se pone en el mercado, el productor tuviese que aportar al tesoro nacional, existirían los recursos suficientes para que los estados provinciales y municipales pudieran poner en marcha programas de gestión social de residuos.
Esa ley debe garantizar que los recursos sean administrados por representantes del Estado, de las empresas aportantes y de las organizaciones de trabajadores que participen de programas de gestión social de RSU. En todos los proyectos presentados hasta la actualidad, la administración de recursos sigue el modelo español, que por supuesto no contempla a organizaciones de trabajadores, ya que no existe gestión social alguna.
Hay que rechazar toda propuesta que pretenda sacar del cada vez más escaso erario público el total de recursos para los programas de gestión social de RSU. Más aun, hay que rechazar las propuestas que pretenden elevar los impuestos municipales, incorporar tasas a los ciudadanos comunes, cargando costos empresarios sobre el pueblo trabajador.
Sin ley de envase no hay recursos para generar programas de gestión integral de residuos con trabajadores formalizados. De lo contrario, se consolidará la política de subsidios y parches, que no terminan de consolidar la incorporación definitiva a la clase obrera.
AVANZAR HACIA UN CAMBIO EN LA GIRSU
En el contexto de la crisis ambiental que atraviesan el conjunto de las grandes ciudades de Argentina y de la prexistencia de trabajadores informales, es indispensable:
1. Replantear la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del año 2005, incorporando formalmente en los programas provinciales y municipales el trabajo de recuperación de materiales que realizan cartoneros, carreros, trabajadores de vertederos, trabajadores de plantas sociales y cooperativas, como parte del enorme engranaje que conforma la gestión integral de RSU.
2. Sancionar una ley nacional de envases que de sustento económico a la modificación de la ENGIRSU en gestión social.
3. Elaborar una matriz de trabajo que contemple la separación en origen de los RSU domiciliarios, comerciales e industriales de manera obligatoria en todo el territorio nacional, así como la recolección, acondicionamiento y comercialización de dichos materiales en manos de las organizaciones cartoneras prexistentes y el Estado.
4. Diseñar un plan de instalación de plantas para el tratamiento de RSU, con el equipamiento necesario y los equipos técnicos de acompañamiento para la puesta en marcha y la capacitación del personal.
5. Avanzar en el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del oficio y de la representación gremial del sector cartonero, para poder discutir el piso de derechos laborales y gremiales.
Para agendaoculta.net Septiembre 2012
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